Debió enfrentar una economía debilitada; la Guerra del Pacífico y una
serie de conflictos hacia el final del mandato. Un gobierno
aparentemente agobiado tuvo suerte al fin, cuando la guerra reactivó los
procesos productivos del país.
Nació en Santiago, el 15 de marzo de 1825. Era hijo de Francisco
Antonio Pinto, quien fue presidente de la República entre 1827 y 1829, y
Luisa Garmendia Aldunate, de familia argentina. Sus primeros años de
enseñanza los pasó en el Colegio Argentino en Santiago y luego en el
Instituto Nacional.
En 1845, viajó a Europa a cumplir misiones diplomáticas, retornando
en 1851 a Chile. Un año después, formó parte de la Facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad de Chile y fue elegido diputado por
Ovalle.
Fue intendente de Concepción entre 1862 y 1871, cargo que tuvo que
dejar al ser nombrado ministro de Guerra y Marina por Federico Errázuriz
Zañartu. Fue electo presidente de la República (1876-1881) y cuando
terminó su mandato debió trabajar, por una modesta suma de dinero, en el
diario El Ferrocarril, traduciendo artículos extranjeros. Falleció el 9
de junio de 1884.
Un país en quiebra
Ya durante su primer año de gobierno, Aníbal Pinto tuvo que hacer
frente a los vaivenes económicos que afectaban al país. La depresión
mundial derivó en la disminución inmediata del precio de las
exportaciones (principalmente de la plata y el cobre), lo que sumado a
un mal año agrícola y a la constante alza del costo de la vida,
desestabilizaron las arcas fiscales. Se hizo necesario entonces para
conseguir más recursos crear nuevos impuestos y restringir el gasto
público. El último ítem incluía rebajar el sueldo de los empleados
públicos, suprimir los batallones cívicos y decretar el desarme parcial
de la Escuadra nacional, entre otras medidas.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la crisis generó falta de
circulante. El dinero comenzó a escasear y llegó un momento en que los
bancos no pudieron convertir sus papeles en monedas, por lo que se dictó
una ley de inconvertibilidad de los billetes de banco, en el año 1878.
El gobierno dictó una ley de inconvertibilidad de los billetes de
banco por el periodo de un año (1878), para detener la contracción del
circulante monetario. Además, incrementó los impuestos y disminuyó los
gastos en Defensa.
Paradójicamente, fue la Guerra del Pacífico la que activó la economía
nacional, al tener que producir suministros para el Ejército en
campaña. Asimismo, con la incorporación de Tarapacá y Antofagasta al
territorio chileno (1879), el Estado obtuvo abundantes ingresos.
Los orígenes del conflicto de 1879
En 1874, Chile firmó un tratado con Bolivia, por el cual se fijó el
límite entre ambas naciones en el paralelo 24. Además, el país
altiplánico se comprometió a no aumentar, durante 25 años, las
contribuciones a las empresas con capitales chilenos en su territorio.
Sin embargo, en 1878, el presidente de Bolivia, el general Hilarión
Daza, autorizó un impuesto a las exportaciones del salitre, el cual fue
rechazado por una de las empresas afectadas. Ante ello, el gobierno
boliviano ordenó el remate de sus propiedades.
Con el fin de impedirlo, el gobierno de Chile comisionó al coronel
Emilio Sotomayor para que sus fuerzas ocuparan indefinidamente
Antofagasta, el 14 de febrero de 1879. Bolivia le declaró la Guerra a
Chile, el 1 de marzo, y Perú la apoyó en virtud de un tratado secreto
firmado entre ellos en 1873. Nuestro país declaró la guerra a ambas
naciones el 5 de abril de 1879.
Estado docente y tabaco
En 1879, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel
Luis Amunátegui, promovió una ley educacional que le otorgaba al
Consejo de la Universidad de Chile la calidad de Superintendencia de la
enseñanza que pagaba el Estado.
Amunátegui también fue clave para que las mujeres pudieran ser
profesionales universitarias, firmando un decreto en 1877, por el cual
podían estudiar y dar exámenes en la Universidad de Chile. Esto permitió
que, años más tarde, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se recibieran de
médicos cirujanos, siendo las primeras de Chile e Hispanoamérica.
En otro ámbito, se suprimió el estanco del tabaco y se estableció la
incompatibilidad de los cargos judiciales con los parlamentarios y
administrativos.
Dificultades internas
Supuestamente, la guerra contra Perú y Bolivia significaría la unidad
de objetivos entre el mundo político y las decisiones del gobierno y
del Ejército. Sin embargo, hubo roces y problemas entre el ministro de
Guerra, el representante de Aníbal Pinto en la campaña y las autoridades
militares, sobre la dirección de las acciones bélicas. Asimismo, dentro
de los propios políticos hubo reclamos y disputas acerca de las
determinaciones civiles de la guerra.
En otro frente, este conflicto armado fue aprovechado por los
caciques mapuche cuando se produjo el retiro de las tropas apostadas en
la Araucanía para ser trasladadas al norte. Los indígenas intentaron,
entonces, recuperar sus tierras. Este movimiento fue dominado a la
fuerza por el coronel Gregorio Urrutia.
Reclutas especiales
Cuando Chile ocupó militarmente Antofagasta, sus empeños se
dirigieron a incrementar sus fuerzas armadas, para lo cual se
movilizaron los cuerpos de policía y de bomberos, que tenían instrucción
militar. Los llamados a la población encontraron rápida acogida en la
juventud, pero los más adultos se mostraron reticentes a enrolarse.
Debido a la urgencia de la situación, el gobierno decidió aplicar
medidas radicales. En Talca, por ejemplo, fueron reclutados vagos y
pendencieros que pululaban por los bares.
Los límites con Argentina
Aníbal Pinto también debió enfrentar problemas limítrofes con
Argentina, país que quería ocupar la Patagonia, sobre la cual Chile
alegaba tener derechos. Los movimientos de las tropas y la Escuadra
argentina hacia esta región fueron espiados por nuestro país. Sin
embargo, negociaciones diplomáticas evitaron una confrontación armada.
El Tratado Fierro-Sarratea, de 1878, estableció que Chile cedía sus
derechos sobre la Patagonia y sirvió de base para el Tratado de Límites
con Argentina, suscrito el 23 de julio 1881, por el que Chile entregaba
esta región, pero se reconocía su soberanía sobre el Estrecho de
Magallanes, la parte occidental de Tierra del Fuego y las islas al sur
del Canal Beagle. Este acuerdo fue ratificado con posterioridad por el
presidente Domingo Santa María.
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