García Carrasco

Francisco Antonio García Carrasco nació en la localidad de Ceuta (Marruecos español) en 1742. Hijo de Antonio García Carrasco y de Rosa Díaz, inició su carrera militar a los 15 años de edad. En 1795, se trasladó a Buenos Aires para participar en la construcción de las fortalezas de Montevideo, dados los conocimientos de ingeniería militar que había adquirido en España. Al año siguiente, con el grado de teniente coronel, se trasladó a Chile.

Tuvo como misión revisar las cuentas de la Casa de Moneda y estudiar posibles modificaciones a las defensas de Valparaíso, donde se desempeñó como gobernador interino. Entre 1808 y 1810 ejerció como Gobernador de Chile.

Su llegada a este cargo se produjo en 1808, cuando -detentando el grado de brigadier- se encontraba en Concepción. Allí se enteró de la muerte del Gobernador Luis Muñoz de Guzmán. Una Real Cédula de 1806 le permitía reemplazarlo, y lo hizo a instancias de Juan Martínez de Rozas, su consejero legal. Formalmente, asumió en calidad de interino el 22 de abril del mismo año, siendo nombrado en propiedad un año después, en abril de 1809. En 1811, ya iniciado el movimiento independentista, se trasladó a Lima. Allí murió en 1813.

Crisis política

Su gobierno no dejó muy gratos recuerdos en el país, y esto quizás se deba a las características de su personalidad: siempre estaba dispuesto a demostrar que quien manejaba el poder era él. También contribuyó a su impopularidad la crisis que se empezó a vivir en 1808 -desatada a partir la prisión el Rey Fernando VII en España-, la cual condujo finalmente a la Independencia del país. En medio de la complicada situación política, la verdad es que tanto la aristocracia como muchos funcionarios no veían en García Carrasco a un hombre capaz de gobernar. Algunos hechos los hicieron pensar esto.

El escándalo de la Scorpion

La Scorpion era una fragata inglesa que fue apresada en la bahía de Quilimarí por los hombres del gobernador el 13 de octubre de 1808. Su capitán, Tristán Bunker, fue traicionado y asesinado, con el fin de apoderarse del cargamento, que venía en calidad de contrabando. Según se rumoreó en la época, en este suceso estuvieron involucrados tanto García Carrasco como su secretario, Juan Martínez de Rozas.

Se dijo que ambos habían entrado en tratos con un comerciante de apellido Faulkner, para vender la carga en beneficio propio. Incluso, uno de los implicados se hizo pasar por José Toribio Larraín, Marqués de Casa Larraín. El prestigio del gobernador y de su asesor quedó en muy mal pie. Larraín inició un proceso en la Real Audiencia destinado a probar su absoluta inocencia y falta de participación en los hechos.

La prisión de Rojas, Vera y Ovalle

Preocupado por los acontecimientos que venían sucediéndose en América, García Carrasco había adoptado una postura defensiva, dando por ciertos algunos rumores acerca de que algunos vecinos de Santiago planeaban un movimiento revolucionario.

Se denunció a algunos connotados miembros de la sociedad chilena -entre ellos, Bernardo de Vera y Pintado, José Antonio Rojas y Juan Antonio Ovalle-, y se les acusó de realizar algunas reuniones sospechosas, en las que trataban sobre la posibilidad de establecer en Chile una Junta de Gobierno.

El 25 de mayo de 1810, García Carrasco ordenó la detención de los tres sospechosos, quienes fueron encerrados en el cuartel de San Pablo. Allí se les tomaron algunas declaraciones preliminares y durante la noche fueron trasladados a Valparaíso. La medida -extrema y delicada, pues se trataba de importantes personajes- causó conmoción e indignación. El Cabildo de Santiago expresó su más profundo rechazo y solicitó que no fueran remitidos a Lima, como era la intención del gobernador, y que el proceso judicial se llevara a cabo en Santiago.

Inocencia comprobada

García Carrasco aceptó la moción y un miembro de la Real Audiencia viajó a Valparaíso a tomar las confesiones respectivas, sin encontrar mayor culpa en los acusados. Por ello, dispuso que estos permanecieran en algunas casas particulares del puerto, mientras la situación se resolvía definitivamente.

La institución capitular deseaba que fueran trasladados a Santiago y en ese sentido presentó las peticiones correspondientes. El Gobernador hizo correr la voz de que aceptaría las solicitudes del Cabildo, pero en forma secreta envió un mensajero al puerto con la orden de que los detenidos fueran despachados de inmediato a Lima. De los tres, sólo Vera y Pintado logró exceptuarse de la medida, pues fingió estar enfermo y no fue embarcado.

Al conocerse este ardid, el rechazo hacia la persona del gobernador fue total. Es interesante anotar que el mismo Virrey del Perú, Fernando de Abascal, también cuestionó el procedimiento empleado. Dejó constancia de esta posición en su Memoria de Gobierno, donde calificó al Gobernador de Chile como un "jefe cuya ineptitud para el mando se había acreditado con la más escandalosa apatía en los momentos más críticos de efervescencia de las opiniones". En el proceso seguido en Lima, no se pudo demostrar ninguna culpabilidad; José Antonio Rojas y Juan Antonio Ovalle fueron dejados en libertad y regresaron a Chile.

Amenaza al orden público

Las presiones sobre el Gobernador no tardaron en producirse y apareció la amenaza de una seria perturbación del orden público. García respondió haciéndose presente en el cuartel de artillería, lo que se estimó como una advertencia de que estaba dispuesto a usar la fuerza para mantenerse en su cargo. Corría el rumor de que lo que buscaba era asegurar la lealtad de las tropas para dar un golpe de fuerza y vengarse de Agustín de Eyzaguirre, Alcalde del Cabildo, de José Gregorio Argomedo, y del coronel de milicias Manuel Pérez Cotapos, ardorosos defensores de los tres detenidos. Asimismo, se decía que sus secuaces preparaban turbas de malhechores y que incluso había prometido liberar a los esclavos para que ellos lo secundaran en su intento.

La noche del 13 de julio de 1810 el ambiente había llegado a un grado máximo de tensión: varios grupos de jinetes recorrían la ciudad sin un destino y un objetivo claro; en la plaza de armas se había reunido una multitud que bajo sus ropajes ocultaba todo tipo de armas. Además, en algunas residencias se juntaron algunos miembros del Cabildo para protegerse y acordar que patrullas de civiles armados vigilasen los cuarteles y las casas de algunos jefes militares.

La renuncia

A pesar de tantos temores, nada ocurrió. García Carrasco no tomó ninguna medida y la situación volvió a repetirse la noche siguiente. La falta de acción del Gobernador se reiteró y los grupos más radicalizados -los que hablaban de destituirlo y formar una Junta de Gobierno a imitación de la establecida en Buenos Aires el pasado 25 de mayo- ordenaron que los inquilinos de sus haciendas se trasladaran armados a Santiago.

En medio de esta tensión, la Real Audiencia convenció al Gobernador de renunciar. García Carrasco hizo efectiva su decisión el 16 de julio, y fue reemplazado por Mateo Toro Zambrano. El ex Gobernador permaneció en el país hasta 1811. Ese año, tras haber estado detenido algunos días por su probable implicancia en el abortado motín que protagonizó el coronel Tomás de Figueroa, se le autorizó para viajar hacia Lima.